ACOSO SEXUAL EN LA POLICIA PROVINCIAL

Tierra del Fuego - No es novedad de que en la Policía de Tierra del Fuego comandada por el Comisario General (R) Nelson Moreyra se utilice el ejercicio del poder para acosar al personal femenino en actividad, muchas veces silenciado por miedo a represalias.

Esta vez, aunque la denuncia fue radicada el 12 de junio del corriente año, recién salió a la luz este fin de semana cuando una mujer se comunicó con una FM local para informar que el titular de la Comisaría 2da de Ushuaia, el Comisario Inspector Fabián Bustamante, se encontraba cuestionado en una causa caratulada “amenazas coactivas”.

Se pudo determinar que efectivamente en esa fecha, la suboficial M. A., compareció ante la Fiscalía de la Justicia provincial para denunciar formalmente a quien en el año 2016 era su jefe en la dependencia de la calle Concejal Rubinos del Río, en la ciudad de Ushuaia.

M.A., señaló que los hechos por los que se considera damnificada ocurrieron en oportunidad de desempeñarse en la Comisaría 2da., en donde permaneció hasta noviembre del año 2017. Según la suboficial, después de haberse ella sometido a dos intervenciones quirúrgicas – una estética de busto y otra de ovarios – Bustamante la habría llamado a su despacho para proponerle que “si vas a necesitar más días de licencia por razones de salud, podemos arreglar las cosas de alguna manera que nos convenga a los dos…”.

La suboficial sostuvo que su superior además le remarcó que “soy yo el que tiene las tiras y la chapa y el que decide si vas a ascender o no, según las calificaciones que te ponga”.

Según la mujer, el oficial le habría propuesto explícitamente salir juntos fuera del horario laboral “para que le mostrara cómo habían quedado mis operaciones, una de las cuales él creía equivocadamente que había sido una vaginoplastía”.

M.A denunció que además de su negativa a relacionarse sexualmente con su superior, también le habría dicho que no a Bustamante “cuando me propuso hacer recargos virtuales y cobrar él un porcentaje mayoritario”.

La suboficial refirió que apenas una semana después de haber ocupado su jefe el cargo en la dependencia “nos llamó a cada uno a su oficina y cuando me tocó a mí me propuso cargarme 12 virtuales, de los cuales 5 cobraría yo y 7 él. Yo me negué. El los cobra personalmente según un listado que tiene en su poder”.

M.A., habría sido entre 2016 y 2017, sumariada en tres oportunidades, sancionada con 30 deméritos, calificada con muy baja puntuación y postergada en sus posibilidades de ascenso. Todo esto la uniformada lo atribuye a una persecución y actitud vengativa de Bustamante “quien en vez de acercarse como hombre, usó el poder de su cargo para obtener lo que quería”.

La denunciante fundamenta su presentación en el hecho de haber sido sobreseída en todos los sumarios en los que Bustamante ofició de instructor y en que “en represalia a mi negativa me cambiaba los horarios de trabajo y hacía que me presentara en la Comisaría a cualquier hora”.

En cuanto a los elementos probatorios que M.A., puede aportar sobre los hechos denunciados vale subrayarse que no hubo testigos presentes cuando según ella su superior le propuso intimar y sobre el recargo de servicios señaló que “no quedaron registradas mis presentaciones en la dependencia porque él le ordenó a mis compañeros que cada vez que yo llegara a la Comisaría no se anotara nada en el libro de guardia”.

La denuncia sobre hechos presuntamente acontecidos hace dos años atrás, radicada en junio de 2018, recayó en el Juzgado de Instrucción de la 2da Nominación de la magistrada María Cristina Barrionuevo, quien ordenó la realización de pericias psicológicas a la denunciante y al denunciado, además de otras medidas investigativas.

Seguramente la investigación judicial nada determinará y finalmente ningún resultado tendrá en los hechos para la oficial denunciante, seguramente culminará en su propia sanción y castigo.

Esta es la misma cupula policial que por un lado castiga a los Comisarios con intachable conducta y servicio a la comunidad, con su silencio otorga un manto de protección a los policías corruptos, acosadores y manchados por la ilicitud de su accionar, aprovechándose en muchas ocasiones de las graves falencias del Poder Judicial Provincial y la complicidad del Gobierno Provincial.