PABLO VILLEGAS LE APUNTÓ AL GOBIERNO


Ushuaia - El legislador del MPF Pablo Villegas, presidente de la comisión de seguridad de la Legislatura, cuestionó la ausencia de la ministra Adriana Chapperón, el jefe de policía y el secretario de enlace José Díaz, que habían sido invitados ayer a abordar en conjunto una política criminal, ante la presencia de crimen organizado en la provincia.“Teníamos prevista la reunión de comisión a las 14 horas, había sido invitada la Ministra de Gobierno, el Jefe de Policía, el secretario de Enlace José Díaz, quien me había notificado formalmente que no se encontraba en la jurisdicción provincial por razones personales. Dos horas antes de iniciar la reunión recibimos una nota donde la ministra manifiesta que no iba a participar, porque entendía que, según el código procesal penal de la provincia, toda causa penal en trámite es secreta para terceros y en consecuencia no podía explayarse al respecto”, dijo.

“Uno de los temas que queríamos hablar con la ministra era sobre las políticas públicas en materia de seguridad y las acciones institucionales que estaba tomando el Poder Ejecutivo a través de la policía de la provincia, relacionadas con el doble homicidio de Río Grande. A mi modo de ver responde a una matriz delictiva relacionada con el crimen organizado. Lamentablemente con esta excusa, que es una verdad de Perogrullo, no pudimos contar con la presencia de la ministra”, lamentó.

Aclaró que no es el único hecho que ha tomado trascendencia recientemente, porque se detectó el ingreso de 5 kilos de cocaína en el paso San Sebastián, además de la detención de una mujer que llevaba su estómago lleno de preservativos con droga.

“Los funcionarios públicos tenemos la obligación de rendir cuentas y, como presidente de la comisión de seguridad, es la tercera vez que cito a la ministra y por distintos motivos no se presenta a la Legislatura, con todo lo que eso representa, que es no querer rendir cuentas ante otro poder del Estado”, fustigó.

“Yo tengo predisposición a trabajar en políticas públicas en materia de seguridad ciudadana en la provincia, y para eso es necesario que podamos dialogar los representantes de los distintos poderes del Estado, porque el delito y la violencia son fenómenos sociales multicausales y su abordaje tiene que ser interinstitucional e interdisciplinario; requiere de un trabajo complementado, en este caso entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. La política criminal no le corresponde solamente a la policía de la provincia solamente, sino que debe ser el resultado de la actuación de los distintos poderes del Estado, el Poder Judicial, el Legislativo que puede sancionar leyes para mejorar la investigación penal y debatir las necesidades logísticas, de recursos humanos de la fuerza policial, para mejorar la tarea. Nos encontramos con esta posición tozuda (sic)a la que no le encuentro asidero ni sentido, porque no se quiere trabajar de manera conjunta particularmente con los que integramos la comisión de seguridad”, criticó.

“Yo le transmití a un legislador del bloque FORJA que la reunión podría haber sido reservada, como ha pasado con el caso Sofía, con el homicidio del taxista Toledo, entre otros en gestiones de otros gobiernos”, agregó Villegas, sin lograr que aun en esas condiciones asistiera la funcionaria.

Otro de los temas de consulta era la situación de los escáneres tanto del paso fronterizo San Sebastián, como del aeropuerto de Ushuaia, que no están funcionando, y fundamentalmente la evidencia de crimen organizado en Tierra del Fuego: “Hemos visto modalidades delictivas como el tráfico de mulas, que presupone que hay una organización que suministra la droga a las personas que hacen de mulas y otra organización en el territorio que se dedica a comercializar la droga que ingresa de ese modo. Esto habla a las claras de la existencia de crimen organizado, donde hay un trabajo conjunto en forma permanente de tres o más personas para cometer ilícitos. Ese crimen organizado tiene vinculaciones no solamente con el narcotráfico sino con la trata de personas con fines de explotación sexual, con el lavado de dinero, con el contrabando, con los piratas del asfalto, con el robo de automotores y venta de autopartes en el norte del país. Ese es el concepto de crimen organizado y hay que reconocer que existe en Tierra del Fuego, abordarlo y tratar de mitigar su marco de actuación de la manera más eficaz posible. Eso requiere de un trabajo coordinado entre los distintos poderes del Estado”, insistió.

“Lo mismo pasa con las falencias del Sistema Penitenciario Provincial, porque tenemos la única cárcel de la provincia totalmente desbordada y las alcaidías de Ushuaia mucho más. Hay una saturación del sistema hoy en día, en función de la cantidad de procedimientos y la mayor cantidad de hechos delictivos de la provincia. Ese es otro de los temas por los que hemos requerido la presencia de la ministra en la comisión de seguridad y también nos encontramos con la ausencia como respuesta”, recordó.

“Tenemos que reconocer lo que pasa y solucionarlo, porque en medio está en juego el ejercicio de los derechos fundamentales que tenemos cada uno de nosotros”, advirtió. 

Se le preguntó por dónde pasan los principales delitos, las zonas más conflictivas, pero el legislador aclaró que, si hay un mapa del delito, no lo conoce: “Yo no puedo dar la respuesta con certeza porque eso se debe expresar en un mapa del delito, que debería ser público y estar a disposición de los ciudadanos, como parte de un plan integral de seguridad ciudadana. Una de las consultas al Jefe de Policía -que tampoco asistió- era cómo estaba constituido el mapa del delito, cuáles son nuestras flaquezas y fortalezas, para encarar un trabajo institucional acorde. Lamentablemente no he tenido acceso al mapa del delito”, dijo. 

“El delito siempre existió y va a seguir existiendo, pero los fueguinos no podemos naturalizar modalidades delictivas como el doble crimen de Río Grande y que sean parte del diario vivir, como pasa en otras jurisdicciones del país. Tenemos todas las condiciones para tener un sistema de seguridad que garantice eficacia”, subrayó.

Por otra parte se le señaló que, a diferencia de Chapperón, el ex ministro de Trabajo Marcelo Romero concurrió las veces que fue convocado y ha hecho públicas las estadísticas que llevaba adelante desde la cartera, sin embargo se decidió su separación del cargo por opinar del rol de la vicegobernadora Urquiza en la convención: “Marcelo Romero hizo una muy buena gestión al frente del Ministerio de Trabajo, conformó un buen equipo y en su momento buscamos hombres y mujeres para que lo complementen en su trabajo. Siempre ha rendido cuentas de su gestión de gobierno las veces que lo hemos convocado; pero desde hace tiempo hizo una serie de declaraciones poco felices y esto parece que ha mellado la voluntad del gobernador para seguir teniéndolo como un integrante de su gabinete. Yo puedo tener mil diferencias en cómo el gobernador prioriza la obra pública, porque parece que Río Grande tiene preferencia sobre Ushuaia, con la demora en la obra del hospital, el corredor costero, de la planta de tratamiento, pero él tiene todas las facultades para designar los integrantes de su equipo de trabajo. Uno tiene que aceptar las decisiones que toma, porque es el gobernador. Si ha habido un legislador que ha puesto una voz crítica sobre la gestión de gobierno, he sido yo, y lo hago de acuerdo a mis convicciones y a la plataforma política que oportunamente le llevamos a los vecinos. Por más que haya participado de la coalición de gobierno, no voy a ser ciego, sordo y mudo, y voy a decir lo que pienso. Desde el principio de la gestión vengo diciendo en qué podemos colaborar para no suspender clases porque las escuelas no están en condiciones. Me respondían que estaba todo bien, cuando estaba todo mal, y si hay algo que acredita mis dichos es precisamente la presentación de la ley de emergencia de infraestructura educativa, más allá de los eufemismos en la terminología, porque habilita un sistema de contratación extraordinario para aplicar recursos públicos para solucionar un problema que planteamos desde el inicio”, dijo del fondo de 7 mil millones para las escuelas.

“Seguramente en qué se van a invertir va a ser materia de consulta cuando se debata el presupuesto de la provincia. De nada sirve intentar esconder los problemas de una gestión no apersonándose a una comisión legislativa y no dando el brazo a torcer, porque la realidad está a la vista de todos”, sentenció.

Volviendo sobre la salida de Romero, que como dirigente del MPF criticó el rol de Mónica Urquiza, como lo hicieron varios referentes del partido, se le preguntó en qué situación queda el MPF ante este desempeño. “Creo que el MPF de cara al 2023 tiene que replantearse estrategias en las tres ciudades y a nivel provincial. Eso lo harán los dirigentes que están en gestión y los que no están en gestión. Yo personalmente estoy corrido desde hace meses de la escena partidaria por decisión personal y no voy a ser candidato a ningún cargo, ni voy a participar activamente de las decisiones estratégicas que tome el MPF para el 2023. Daré mi opinión en las reuniones partidarias”, adelantó.

“La coalición permitió a muchos afiliados del MPF hacer experiencia de gestión e ir formándose como cuadros políticos, y creo que hoy estarían en condiciones de hacerse cargo de los destinos del partido, juntamente con quienes van a seguir activamente en la vida política y los que podemos llegar a dar alguna opinión”, barajó.

En cuanto a la reunión del partido en la que Mónica Urquiza dio las explicaciones de su acompañamiento a La Cámpora en las votaciones, contra las promesas de campaña del MPF, señaló que “yo manifesté públicamente que Mónica Urquiza es una persona que respeto y aprecio, y es lo suficientemente capaz como para dar respuesta a lo que ha votado en el marco de la convención. Yo no tuve ningún grado de participación y en consecuencia no puedo dar explicaciones de las decisiones políticas que se tomaron”. 

“Yo participé de la reunión y, si bien veo razón en sus dichos, tengo una mirada muy particular y me la voy a reservar porque se la he dicho a ella en forma personal, que es lo que corresponde.La viceintendencia y la ampliación de concejales son decisiones políticas que tomó ella y en todo caso las explicaciones las tiene que dar ella. Yo me he reunido con distintos dirigentes del MPF de Ushuaia para que la sangre no llegue al río”, advirtió Villegas.

Ante la pérdida de credibilidad del MPF, remarcó que sigue “parado en el mismo lugar y el análisis de las votaciones -en la convención- se lo dejo a ustedes. Yo sigo pensando y sosteniendo lo mismo que dije meses atrás. Las decisiones que se adoptaron después serán materia de análisis de los periodistas, pero permítanme excusarme de ser exégeta de esas decisiones. Sería bueno que los dirigentes que han sido críticos participen de la vida del MPF, no solamente para criticar sino para construir, y ese es el mayor desafío. Yo soy respetuoso de las opiniones de todos los dirigentes del MPF, pero hoy en día estoy más abocado a la construcción, a tratar de que las diferencias no pasen de ser políticas a personales, y que podamos constituir una alternativa de gobierno sobre todo en Ushuaia con otros sectores políticos”, concluyó.

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