SUTEF RECLAMA AL GOBIERNO FRENAR EL AUMENTO DE ALQUILERES
Ushuaia - El secretario general del SUTEF, Horacio Catena, se refirió a la conferencia de prensa brindada este martes, con relación al proyecto de acceso a la vivienda en el que está trabajando la entidad sindical, ante la imposibilidad de alquilar por el precio que se pide o porque no hay directamente propiedades para vivienda permanente.
Por Radio Nacional Ushuaia señaló que “hay síntomas claros de la necesidad de dar una solución, porque a cualquier ciudadano de Ushuaia que le toca alquilar no puede acceder, porque no consigue o por los precios. El problema principal es la falta de viviendas y por eso planteamos la necesidad de una ley provincial. Debe haber una decisión política de los tres Estados municipales y del Estado provincial, además de los estamentos legislativos, para que la ley tenga su complementariedad en el territorio y se planifique el acceso a la vivienda”.
“Sabemos que las viviendas no aparecen por arte de magia y no sólo se necesita financiamiento para construirlas sino para los servicios, y mientras tanto los mortales comunes tenemos que seguir habitando en la provincia, y para eso se necesita una ley de regulación y control de alquileres”, expresó.
“En la conferencia explicamos que el alquiler es uno de los temas acuciantes porque eso no se puede pagar con tarjeta, no hay Ahora 12 ni plan Z, sino que es en efectivo o con transferencia inmediata. Esto nos deja sin salario e impacta en el plato de comida que tenemos que llevar a nuestros hogares”, manifestó.
Informó que “en promedio, un docente no gasta menos en el alquiler que el equivalente a uno de los cargos en los que trabaja. El que trabaja en doble jornada, como mínimo destina un cargo, y hay alquileres que superan ese valor. Tenemos un estudio realizado que va más allá de la docencia, y en general del 100% de la masa salarial de los empleados públicos de todos los entes, el 50% está comprometido en créditos con tarjeta y el otro 50% en alimentos y vivienda. Si achicamos la franja, hay sectores de menor nivel de ingreso que gastan el 100% del salario entre alquiler y alimentos. Muchas veces no alcanza con el 100% del salario y por eso recurren al adelanto exprés que da el Banco de la Provincia, para tratar de llegar con lo indispensable a fin de mes; y el banco cobra obviamente los intereses correspondientes por el adelanto”.
“Este problema con el nivel de endeudamiento ya lo habíamos planteado en 2020 y sabemos que excede a la docencia. Cuanto menor es el nivel de ingresos, mayor es el de endeudamiento”, aseguró.
El gremio docente hizo una convocatoria a otros sectores de la comunidad, tanto sindicales como organizaciones intermedias, para sumar aportes al proyecto. “En la conferencia estuvieron las compañeras de ASOEM de Río Grande recientemente electas y estamos discutiendo con los sectores más cercanos que tenemos, que son los compañeros de ASEOM, el SIPROSA -que nuclea a profesionales médicos-, los compañeros del SEJUP, y todos los que conformamos el frente estatal Lila en su momento”, dijo.
“Entendemos que hay una gran cantidad de asociaciones intermedias y distintas organizaciones a las que les interesa este tema. No es necesario que haya un proyecto brillante para presentar, sino que la mayoría de la gente que padece esto se exprese, y por eso nos pareció bueno hacerlo público. Vamos a dar a conocer esto en las redes sociales, en la calle también y trataremos de que las escuelas sean un vehículo para llevar la información. Cuando el docente empieza a pedir materiales y hay problemas en las familias, es el primero que se entera de que se quedaron sin alquiler, que se han tenido que trasladar, y esperamos que en la escuela tengan un espacio para encontrar un alivio”, confió.
“No solamente estamos discutiendo paritarias sino un problema que involucra a más sectores. Hemos visto vecinos autoconvocados, organizaciones políticas que han tomado este tema y nosotros somos una más que quiere aportar. Hay una legisladora que tenía un anteproyecto en el que estaba trabajando, hemos hablado con uno de sus asesores, y creemos que tiene que estar en la agenda política de los próximos días, porque es insoportable la situación”, enfatizó.
“Tenemos hecho un borrador y nuestro servicio jurídico lo está analizando junto con el anteproyecto de esta legisladora. No queremos que el que venga con una idea crea que está todo cerrado y no se puede aportar. Generalmente las convocatorias se hacen sobre la base de que vengan a adherir, y nosotros estamos invitando a aportar, porque hay múltiples miradas y distinta cantidad de situaciones. Además estamos viendo lo que pasa en otras partes del país y sobre todo del mundo, para ver cómo han regulado esto, dado que otros Estados han intervenido ante situaciones parecidas”, observó.
Por otra parte reclamarán al gobierno que cumpla con el anuncio realizado el año pasado, sobre la creación de una empresa de producción de alimentos. “Es un viejo tema de discusión en el ámbito gremial. El año pasado escuchamos la primera sesión del año en la que el gobernador anunció la empresa provincial de alimentos. Entendimos que el bloque oficialista iba a presentar el proyecto, pero transcurrieron los meses y eso no sucedió. Nosotros hemos hecho un estudio sobre la creación de la empresa nacional de alimentos en Bolivia, donde hay dos. Hemos tenido contactos con la embajada, porque es uno de los grandes temas junto con el desarrollo de los hidrocarburos y la energía. Esto hace que hoy Bolivia sea uno de los países con menos inflación del mundo. También recurrimos a la experiencia práctica en la historia de la provincia y lo que está ocurriendo hoy en los municipios”, indicó.
“Hay dos cosas que demuestran que se puede hacer. Los fueguinos que ya tienen unos años recordarán que en la provincia estaba el supermercado SADOS, que era de la mutual de la Armada, y nació a partir de la monopolización y hasta cartelización de precios por parte de La Anónima. Quedará en cada uno analizar cuál fue el motivo por el cual un supermercado estatal desapareció y crecieron los privados. Hay distintas experiencias municipales que se están llevando adelante, tanto en Río Grande como en Ushuaia, para generar espacios de compra de alimentos y de producción local, sobre todo en Río Grande. Esto demuestra que el Estado puede intervenir y hay que agrandar la escala para poder ser competitivos. No solamente hablamos de la producción sino de la comercialización, porque es una zona promocionada, con exenciones impositivas, pero depende de dónde está ubicado, el mismo supermercado vende los productos con distinto precio. Hay diferencia por ciudades y por zonas dentro de las ciudades”, cuestionó.
“No creemos que el Estado pueda prescindir de meterse en estos temas tan centrales, porque no es posible que el mercado lo regule todo. Es importante pensar en una empresa estatal, donde además las cooperativas, los pequeños productores, puedan tener un espacio para vender a precios justos, con acceso a tecnología, créditos, subsidios. Esto va en beneficio de la población y en sintonía con lo que planteamos desde el campo popular”, expuso.
“Aspiramos en un futuro a una soberanía alimentaria agroecológica, cuidando el medio ambiente. Ya lo lanzamos en distintos ámbitos donde trabaja nuestra organización, que tiene relación con el INTA y otras instituciones. A partir de ahora estamos abriendo una serie de charlas, empezando por una presentación que vamos a hacer al gobernador, y vamos a invitar a los distintos espacios, como el INTA, investigadores, productores. Queremos tomar contacto con la cooperativa de productores de Río Grande y sabemos que el camino no va a ser sencillo ni rápido, pero tenemos que llegar a una solución porque es un tema muy sensible y queremos que cada fueguino tenga un plato de comida a un precio justo”, sentenció.
“Tenemos recursos naturales que están siendo depredados en nuestros mares y para nosotros son prácticamente inaccesibles los productos del mar. Ayer llevamos una nota para pedir una reunión con el gobernador y, si pasan los días y no somos convocados, haremos una presentación formal. También vamos a hablar con los intendentes, porque planteamos la necesidad de que toda la dirigencia política provincial esté sentada para dar solución a los dos temas: la vivienda y la alimentación. Son dos temas fundamentales tener dónde vivir y qué comer, y no puede ser un problema que no atienda el Estado”, consideró.
“Hoy dan subsidios, una bolsa de comida, pero hay ausencia de debate para resolver el tema de fondo, por eso estamos invitando a las organizaciones civiles de la comunidad a ser parte, porque estos temas nos atraviesan a todos”, dijo.
En otro orden de cosas, se le preguntó si son parte del pedido de algunos gremios estatales de un bono de 40 mil pesos como ayuda escolar, y aclaró que “nosotros no participamos de esa mesa porque tenemos paritarias propias. En diciembre hicimos una presentación para pedir la actualización de todos los ítems no salariales, como las asignaciones y la ayuda escolar anual de marzo. No nos parece ni bien ni mal, y compartimos el reclamo. No opino sobre el monto porque no sé en qué se basaron los compañeros, pero es un número razonable teniendo en cuenta el costo de la canasta escolar”, señaló.
“Nosotros todos los años hacemos entrega de un bono a nuestros afiliados y hemos aumentado el 100% del monto, que ahora es de 8 mil pesos por afiliado, porque la mayoría de los productos están al doble como mínimo, y estamos determinando el costo de la canasta escolar. Por supuesto es una ayuda porque no cubre todas las necesidades. Hay diferencia si la familia tiene un hijo que va al jardín, a la primaria o al secundario, porque son distintos los requerimientos. Para pedir una actualización no podemos discriminar por modalidades y por eso se están promediando los valores. Precisamente hicimos el pedido de actualización en diciembre del año pasado porque sabemos que en esta época se pone todo al rojo. El Ministro de Economía recibió en mano nuestro pedido y esperamos que en estos días haya una respuesta, junto con la propuesta salarial”, concluyó.
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