EL FANTASMA DE HIFUSA

Ushuaia - El fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre brindó su opinión sobre el proyecto de creación de la empresa de hidrocarburos Terra Ignis, que impulsa el gobierno, señalando aspectos que no se conjugan con lo establecido en la Constitución de la Provincia ni con antecedentes jurídicos que fueron establecidos por el Superior Tribunal ante casos análogos.

Durante la exposición de Martínez de Sucre sobrevoló el fantasma de “Hifusa”, aquel proyecto de destilería que pretendía poner en marcha el exgobernador José Estabillo y el cual derivó en una mega causa penal, como consecuencia de la falta de un control adecuado de las acciones desplegadas en la conformación del directorio y en la realización de contrataciones.

El titular del organismo de control advirtió a los legisladores que en el texto original del proyecto se busca evitar controles y aplicar legislación entre privados, cuando se trata de una Sociedad que tiene participación del Estado. Subrayó que cuando se señala que a la empresa se la pretende dotar de un desenvolvimiento ágil y flexible “me trae a la cabeza Hifusa”.

Uno de los puntos en que más hizo hincapié Martínez de Sucre y que en éstos días observaron los legisladores, es el irrisorio capital con el que se pretende constituir la Sociedad con participación del Estado, que inicialmente es de 80 mil dólares; cuando se está hablando de que encarará negocios en materia de hidrocarburos que se hacen por varios millones de dólares.

Para el Fiscal de Estado tampoco queda muy claro sobre el sueldo de los integrantes del directorio de la empresa y si este lo debe afrontar el Estado fueguino, ya que el capital inicial con el que se constituye la SAPEM (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria) no alcanzaría para hacer frente a ese concepto.

Otro punto débil que expuso el Fiscal de Estado, respecto al texto de la ley, es el estatuto de constitución de la Sociedad, señalando que debió ir en consulta ante la Inspección General de Justicia (IGJ), de manera que no tenga que ser modificado con una nueva ley, cuando se hagan posibles observaciones desde es organismo. Al respecto, el secretario de Legal y Técnica del gobierno, José Capdevila, admitió ante los legisladores que no fue consultado con la IGJ.

En su exposición, Virgilio Martínez de Sucre recordó los tristes antecedentes de Hifusa, relatando en forma cronológica una serie de negocios que se pretendieron hacer sin un control adecuado. Además, indicó que el directorio se manejaba de una manera irregular, al punto tal que habían hecho desaparecer libros de actas, constituyendo algunos actos irregularidades que derivaron en una denuncia penal.