SE VIENE EL MEGA ESCANDALO

Ushuaia - Semanas complicadas atraviesa la gestión Provincial, esta vez con las declaraciones del Legislador del MoPoF Pablo Villegas quien acusó al Gobierno de la Provincia y a los miembros del Tribunal de Cuentas de alterar el expediente administrativo por los 24 millones de pesos en compras secretas.

Se suman a ello las declaraciones radiales del Legislador (MC) Horacio Miranda, quien mencionó,  que el Juzgado de Instrucción Penal de segunda nominación del Distrito Judicial Sur a cargo de la Dra. María Cristina Barrionuevo, "desestimó la denuncia" utilizando como argumento un supuesto informe del Tribunal de Cuentas Provincial.

En el mismo sentido el Legislador Villegas aseguró que tiene “copia del informe de los auditores” que dan cuenta de irregularidades en el procedimiento, y dijo que “además uno habla con la gente, conoce gente, hay personas que envían mensajes y nos dicen que están ocultando los expedientes desde el primer día porque están sustituyendo distintas piezas instrumentales”, disparó, a la espera de poder “acceder a esos expedientes y corroborar si ha habido sustitución de fojas o de informes, o están refoliadas”.

Asimismo continuó “No me interesa poner el dedo en la llaga si un funcionario hizo algo mal, lo que me interesa es ver la información, porque se ha puesto en crisis el equilibrio del sistema republicano de la provincia. No nos podemos quedar callados ante esta forma de gobernar y yo voy a instar todos los mecanismos institucionales correspondientes. Si tengo que recurrir a los organismos internacionales de derechos humanos a denunciar esta modalidad de gobierno que va en contra de las obligaciones internacionales asumidas por Argentina, que no quepan dudas de que lo voy a hacer”, advirtió.

“Esperamos obtener una respuesta del poder judicial y, en caso de que no sea así, lo vamos a denunciar ante los organismos internacionales, porque tenemos el derecho de acceder a la información pública, que este gobierno nos está negando sistemáticamente. Como hombre del derecho y como hombre de la política, no puedo quedarme callado”, subrayó.

Al tomar conocimiento de que se había filtrado la información de que el expediente había sido alterado la Gobernadora Rosana Bertone de lo acontecido estalló en ira e "invitó" al flamante presidente del Tribunal de Cuentas el Contador Diego Pascuas a presentar de forma urgente e indeclinable la renuncia a su cargo en el ente de contralor. 

El contador público Diego Martín Pascuas había sido designado en el Tribunal de Cuentas en el mes de Diciembre de 2017, mediante el Decreto 3518/17 rubricado por el vicegobernador Juan Carlos Arcando en ejercicio del Poder Ejecutivo, luego de la intempestiva salida del Contador Julio del Val como consecuencia de este mismo expediente el de las compras secretas de Murray y de las contrataciones a diversos artistas de la escena nacional durante la campaña de Laura Colazo.  

Pascuas siguiendo la "invitación" de la Gobernadora, habría presentado su renuncia en las últimas horas sumándose así la tercer baja por el expediente del escándalo en el Gobierno de la Provincia. En un primer momento fue Del Val, le siguió Murray y ahora se va Pascuas.

Restará conocer en las próximas horas quién será el nuevo designado por el la Gobernadora Bertone en el Tribunal de Cuentas Provincial, aunque desde distintos sectores se menciona que el nuevo elegido sería un funcionario de Gobierno, del mismo riñón que el platense saliente. Se rumorea que "el nuevo" habría demostrado con creces obediencia y respeto al pie de las letra de las indicaciones, caprichos y órdenes de la Gobernadora, contando desde el vamos, y aun sin estar confirmada su designación, con los votos positivos de la siempre obediente mayoría automática del Poder Legislativo. 

Todas estas situaciones no hacen más que generar un manto de dudas sobre el verdadero destino de los fondos públicos que literalmente desaparecieron como por arte de magia, pareciera que la corrupción está enquistada en este Gobierno Provincial y no hace más que demostrar la incapacidad para administrar fondos públicos de la Gobernadora, su equipo de funcionarios, los entes de contralor y la justicia, todos en connivencia en robar para la corona.