CACERÍA DE BRUJAS DE LA NUEVA CÁMARA DE APELACIONES

Rio Grande - La Cámara de Apelaciones Bertonista compuesta por los jueces Julián De Martino, Jorge Luis Jofré y Federico Vilella, luego de varias negociaciones con el Ejecutivo Provincial, buscará procesar anticipadamente al Intendente Riograndense Gustavo Melella, esa es la apuesta de Rosana Bertone para dar vuelta una elección que hasta el momento solo tiene un resultado adverso. 

Las últimas resoluciones del titular del Juzgado de instrucción Nro 1 del Distrito Judicial Norte, Raúl Sahade en torno a la causa Nro. 32.723/18 por presunto abuso sexual coactivo y desmanejo en la obra pública por parte del actual intendente de Río Grande, Melella, habían dejado en evidencia que funcionarios públicos de la actual gestión de Gobierno utilizaron bienes públicos como medio de pago a los denunciantes para orientar sus declaraciones - hecho que hasta el propio Secretario de Seguridad Javier Eposto reconoció.

El organismo ratificó que los hechos denunciados deben tramitarse “en forma conjunta y no por separado” como lo había dispuesto el juez de instrucción, bajo la denominación en un caso de “Abuso sexual” y “Obras Públicas”, en el otro, pero sobre el mismo asunto. 

Sin haber tomado intervención directa en los expedientes que tramitan en las causas, para los jueces de la Cámara de Apelaciones, los hechos investigados están “estrechamente vinculados”, dado que los denunciantes coincidieron en acusar a Melella de haberlos sometido a prácticas sexuales contra su voluntad a cambio de trabajo o del pago con fondos públicos de servicios prestados en construcciones municipales, por lo que ordenaron que se tramiten en forma conjunta.

Llamativamente la postura de los magistrados resultó coincidente con el reclamo público efectuado por el abogado querellante que representa a los trabajadores de la construcción Mario Lovera, Alfredo Suasnabar y Damián Rivas, quien afirmó que el juez Sahade procedía de manera intencionada para beneficiar los intereses del intendente Gustavo Melella. Por ello Francisco “Paco” Giménez amenazó al Juez Sahade que efectuará un pedido de jury ante el Consejo de la Magistratura.

A poco más de un mes para las elecciones provinciales, los jueces de la Cámara ordenan que se concrete la realización de pericias psicológicas a todas las partes involucradas, incluidos los tres denunciantes y al denunciado.

Giménez planteó en su momento que la Justicia debía llamar a prestar declaración no solo al titular del Ejecutivo municipal riograndense sino también a otros actores vinculados con el intendente, como Fabián Daldi, Ayelén Barboza y los empresarios que fueron adjudicatarios de obras de construcción municipal en las que se desempeñaron Lovera, Suasnabar y Rivas.

En otro punto de la resolución judicial, el Tribunal se refirió al recurso de queja tramitado por Giménez el 14 de marzo de 2019 cuando al presentarse en la mesa de entradas del edificio judicial se encontró con que Sahade había ordenado a los empleados que le prohibieran al letrado acceder a uno de los cuerpos de la causa particionada. Sobre el tema los jueces de la Cámara de Apelación fueron contundentes en su escrito, en el que afirmaron que dicha prohibición de acceso a la causa “violenta gravemente la garantía de defensa”, dando por hecho que esa situación era tal.

La manera en que la Justicia adicta responde al Gobierno de turno no dejan dudas que hoy en día el aparato judicial se encuentra a merced de las decisiones de la Gobernadora Bertone y con esto se pretende jugar un rol protagónico en la contienda electoral provincial.