EL TCP EN LA MIRA DEL GOBIERNO

Ushuaia - Con una profunda auditoría de la UBA sobre toda la administración provincial, el gobernador Gustavo Melella se encontró con más resistencias de las esperadas en el TCP. Entre ellas, una de fondo: los tres auditores –el presidente del Tribunal, Longhitano, los vocales Pani y Capellano- no quieren saber nada con la implementación de expedientes electrónicos. Un paso que Melella considera esencial para la transparencia y trazabilidad de la administración provincial.

“La verdadera razón es que se oponen a la modernización y a perder poder. Están molestos con la auditoría que viene realizando la Universidad de Buenos Aires (UBA), porque la misma va a demostrar que en cuatro años no hicieron lo que deberían hacer, y que fueron cómplices de Bertone”, señaló una de las figuras más cercanas al gobernador.

El conflicto escaló tanto, que los melellistas más duros empezaron a pensar opciones de reemplazo o desplazamiento para los miembros del TCP, que en la actualidad tienen status de cargos a perpetuidad. Una solución formal para ello podría ser una ley provincial que cambie eso y habilite la formación de un nuevo TCP. Con la política de alianzas en la que Melella está ejercitado, y que incluye desde el Movimiento Popular Fueguino hasta sectores del kirchnerismo y el radicalismo, tres vacantes de auditor en el TCP sería un maravilloso botín a repartir.

Otra solución ideada por el equipo de Melella es más sencilla en términos políticos y operativos. En esencia, sería darle más poder al equipo de carrera del organismo, por sobre los funcionarios políticos que el gobernador heredó. Entre el personal de carrera del organismo, hay más heridos que mimados de la era anterior. Muchos de ellos recuerdan el día posterior a las elecciones que Melella le ganó a Bertone (el 17 de junio), cuando Capellano entró al grito de “¡Traidores. Ustedes son todos unos traidores!”.

Del presidente del tribunal, Longhitano, y del vocal Pani, Melella no esperaba demasiado, salvo algún gesto de buena voluntad. En cambio Capellano, que llegó a la administración provincial en el gobierno de Bertone, se deshizo en gestos de acercamiento hacia Melella tras su triunfo electoral en primera vuelta. Aunque en un principio desconfiaba de él, Melella creyó que Capellano había reconvertido su bertonismo y lo iba a ayudar, tanto la transición como en los primeros días de gobierno, con información precisa y concreta. Sin embargo, se encontró en el TCP -no en Capellano en particular- con un muro medieval, disfrazado de excusas como si fuera un jardín vertical, en oposición a la implementación de los expedientes electrónicos. De modo rápido, los funcionarios más cercanos al gobernador ya le hicieron la lista de los temas que los miembros del TCP prefieren ocultar.

Uno de las más polémicos fue el endeudamiento de la provincia en u$s 200 millones, a una tasa del 9%. Hay un informe del TCP, pero Melella cree que ocultaron más información importante de la que allí se muestra. Otro es el de los haberes de empleados cuyos puestos eran eminentemente políticos, entre ellas actuales figuras del Gobierno Nacional.

Tampoco hubo suficiente trabajo del TCP sobre sectores de obra pública, como la Dirección Provincial de Energía (DPE), la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), o la polémica Ruta Costera del Beagle de la cual Melella ya suspendió los pagos. “De la dichosa ruta no emitieron ni media palabra, cuando fue un escándalo desde el principio”, se quejó un el Secretario Legal y Técnico.

Algunos otros temas son la obra social de los estatales fueguinos (OSEF) y el Laboratorio del Fin del Mundo. Este último, según está arrojando la auditoría de la UBA, en realidad no producía los medicamentos en Tierra del Fuego sino que los importaba, con el único objetivo de aprovechar las ventajas fiscales de la isla para evadir impuestos. Si esto se confirma, los más duros recuerdan que Melella es amigo de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quien rápidamente podría tomar el tema.

Por otra parte, durante los 14 años de Claudio Queno como intendente de Tolhuin (Ushuaia y Río Grande tienen sus propios organismos de control, el municipio más pequeño depende del TCP) no se revisaron ni aprobaron las cuentas generales de ese municipio. Una responsabilidad en la que se apunta sobre todo a Longhitano, por su antigüedad en el TCP. Que además habría violado el artículo 15 de la Ley 50, la cual establece la formación y responsabilidades del TCP.

Del lado de Melella no ven avances ni restricciones. “Esperamos que demuestren que en los últimos cuatro años hicieron lo que tenían que hacer, y no fueron cómplices”, apuntó José Capdevila. “Aunque no nos hacemos muchas ilusiones al respecto”, agregó.