EL CURRO DEL LABORATORIO DEL FIN DEL MUNDO

Ushuaia - El presidente del Laboratorio del Fin del Mundo, Dr. Carlos López firmó una cláusula leonina por la cual debe permanecer en el cargo por 5 años y se lo remueve el próximo gobierno debería pagarle 10 millones de pesos, por eso no quiere controles del tribunal de cuentas.

El Dr. Carlos López director del laboratorio del Fin del Mundo sostuvo en declaraciones radiales que se opone al control que intenta llevar a cabo sobre este en ente el Tribunal de Cuentas de la Provincia aduciendo que no tenían problemas en que eso ocurra e incluso sostuvo que "no tenemos problemas en que pongan un auditor, les elevamos un informe de más de 20 mil fojas, pero no estamos dispuestos a entregarles las recetas de los medicamentos que producimos".

Hoy a través de fuentes confiables nos enteramos que Carlos López titular del Laboratorio del Fin del Mundo. Defiende la modificación de la ley del laboratorio pero en realidad está defendiendo su propio interés.

Las cláusulas leoninas que contiene la contratación que se realiza a sí mismo.

Percibe dinero público como director, además como gerente general y no suspendió su jubilación como debería haber sucedido de acuerdo a la ley previsional. “Por eso no quiere el control del Tribunal de Cuentas”.

En el caso que el gobernador electo Gustavo Melella quisiera removerlo a López como director no tendría problemas. Pero si lo quiere remover como gerente general lo tiene que indemnizar por el resto de los 5 años que le restan por cumplir al frente del ente y por lo tanto deberá pagar una indemnización que a grandes rasgos podría llegar a los 10 millones de pesos.

Concretamente, la mandataria provincial elevó a la Legislatura con pedido de urgencia un proyecto de modificación a la Ley 1136, de creación del Laboratorio del Fin del Mundo. La intención del Ejecutivo es “llevar a cabo una gestión acorde a las normas legales vigentes” y “zanjar la brecha interpretativa y precisar cuestiones fundamentales para el desempeño institucional de la sociedad”.

Durante tres años la empresa no realizó ningún tipo de aporte ni contribución ni a la Caja de Jubilaciones de la Provincia ni a la Obra Social. Es decir, aportó a la Anses y a OSDE. Algo inadmisible y taxativamente prohibido por ley para un organismo provincial.