LAS EXCUSAS DEL GOBIERNO DE BERTONE PARA NO DAR AUMENTO

Tierra del Fuego - El ministro de Gobierno José Luis Álvarez precisó que la Provincia no está en condiciones de afrontar un incremento de salarios. Sostuvo que hay restricciones presupuestarias. Además, mencionó la vigencia de las reglas de fin de mandato contenidas en la ley de responsabilidad fiscal.

Por la vigencia de las reglas de fin de mandato fijadas en la ley de responsabilidad fiscal y las restricciones presupuestarias producto del proceso recesivo que atraviesa la economía argentina, el Ministro de Gobierno sostuvo que la Provincia no está en condiciones de disponer una mejora salarial para el sector público, como están reclamando desde el sector sindical.

“Hasta ahora no lo vemos como una posibilidad. Venimos con una retracción de fondos producto de la situación general del país, hay una caída de la recaudación provincial por la caída de la actividad comercial por lo que nos avizoramos contar con recursos que permitan afrontar una mejora de salarios” señaló José Luis Álvarez al ser consultado si el Ejecutivo fueguino estaba analizando la posibilidad de convocar a los gremios estatales a una mesa de discusión salarial.

El funcionario dijo que desde el Gobierno “entendemos que hay una situación de muchísima dificultad por la pérdida del poder adquisitivo que tuvieron los salarios por el aumento del costo de vida”, pero apuntó que las racas provinciales “no han recibido mejora en los recursos que nos permitan, en este momento, una apertura de la discusión salarial”. Si bien aclaró que esa circunstancia “no significa que no estemos monitoreando alguna situación puntual que podamos resolver”, reiteró en sus declaraciones a Radio Nacional Ushuaia que “estamos en un momento de gran dificultad”.

En cuanto a la posibilidad de afectar a una mejora de salarios los fondos coparticipables que habían sido detraídos por el Gobierno nacional por la eliminación del IVA a 13 productos de la canasta familiar y la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, y que la Corte ordenó restituir a las provincias, Álvarez descartó tal alternativa. “Vemos con buenos ojos el fallo de la Corte, pero no creemos que la restitución se dé rápidamente” por la intención dilatoria demostrada, hasta ahora, por el Gobierno Nacional por cumplir con la medida cautelar dictada en el marco de la demanda de inconstitucionalidad promovida por 15 provincias.

Al margen de la cuestión temporal, Álvarez precisó que los fondos que Nación debe devolver a Tierra del Fuego rondan los 150 millones de pesos “cuando nuestra masa salarial mensual es del orden de los 960 millones de pesos, así que con esos 150 millones no cubrimos un aumento que se sostenga en el tiempo”, pero allá del tema estrictamente presupuestario agregó que se enfrenta un corsé legal que impide disponer un aumento de salarios. En este punto refirió que la Provincia tiene que cumplir con “la regla de fin de mandato” que, entre otras limitaciones, “establece que no se pueden aplicar incrementos de salarios que no hayan sido homologados antes del mes, porque se estaría comprometiendo a la gestión entrante”.

La mencionada regla de fin de mandato está contenida dentro de la ley nacional de responsabilidad fiscal, y tiene por finalidad evitar el incremento discrecional del gasto corriente de carácter permanente y la venta de activos fijos, en los últimos seis meses previos al cambio de gobierno, de manera de no comprometer a la gestión entrante.

Justamente una de las limitaciones contempladas con en la regla de fin de mandato está referida a nuevas designaciones en planta permanente, una cuestión que viene siendo cuestionada por las autoridades electas. Sobre el particular, Alvarez afirmó que la gestión Bertone está cumpliendo estrictamente con la mencionada regla. “La estamos cumpliendo en toda su integralidad, ya que todas las contrataciones de obra pública están previstas en el presupuesto, otro tanto sucede con otras contrataciones y nombramientos” precisó.

Específicamente sobre el tema designaciones dijo que “tenemos una restricción, que es la planta total autorizada por el presupuesto y eso no lo podemos infringir. Además, si ellos creen que las designaciones hechas no son apropiadas pueden revisarlas y si lo consideran oportuno pueden darlas de baja porque no tienes estabilidad”. Por ello interpretó que “hay como una sobreactuación en este tema” por parte de las autoridades electas.