VAN POR CORDOBA


Ushuaia - La Justicia de Tierra del Fuego realizó en Ushuaia tres allanamientos en relación con la causa judicial donde se investiga el llamado “escándalo de las viviendas futuras” de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Los procedimientos judiciales fueron ordenados por el Juez de Instrucción, Dr. Javier De Gamas Soler, y tuvieron lugar el pasado viernes, aunque los detalles del operativo trascendieron recién ayer.

Efectivos de la División Delitos Complejos de la Policía Provincial ingresaron al interior de dos domicilios particulares y a la sede de ATE ubicada en la intersección de las calles Kuanip y Karukinká.

Sobre las medidas en las casas de particulares no trascendieron demasiados detalles, aunque sí que en uno de los casos se trata de una persona que habría puesto dinero para la adquisición de la vivienda en el complejo de ATE en Barrancas del Río Pipo -a pesar de no ser ni empleado público, ni afiliado al gremio estatal-, y al igual que las demás situaciones que se investigan, nunca habría recibido el inmueble.

Sin embargo, el allanamiento principal fue el que se realizó en la sede de ATE, donde la Justicia dispuso el secuestro de decenas de documentos y computadoras en los que puede haber registros de la presunta maniobra ilícita.

Este dato es importante porque, si bien no se conocen pormenores, marcaría un giro en las actuaciones, y la convicción de los investigadores de cerrar el círculo sobre toda la cúpula gremial, y no solo sobre los dirigentes Miguel Arana y Daniel Belbey, mencionados en la denuncia original.

Las fuentes consultadas mencionaron que de las oficinas de ATE se llevaron cajas con documentación que ahora deberá ser clasificada y analizada para determinar el grado de relevancia que tenga para el expediente.

Se sospecha que el gremio se “reservó” una cantidad de esas casas (se cree que 26 de las 128) para “comercializarlas” a terceros, con la expectativa de que esas personas (previo un pago de dinero) pudiesen ser incorporadas al listado de adjudicatarios que el gremio debía informar al IPV.


Al parecer, el organismo se negó a incluir a esos terceros y muchos de los que habían puesto sumas de hasta $700 u $800 mil, o dado vehículos en parte de pago, comenzaron a reclamar y a considerarse víctimas de una estafa.

De los dos iniciales, la Justicia pasó a tener confirmación de nueve casos en total y no se descarta que aparezcan varios más.


Las circunstancias que cuentan estas personas no tienen muchas diferencias entre sí: dicen que les ofrecieron una vivienda en venta con la garantía de que recibirían el inmueble en Barrancas del Río Pipo, y que por ello entregaron dinero en efectivo y bienes en forma de pago. Cumplieron con su parte pero la casa nunca les fue entregada.

El dato nuevo, que también confirmó este medio, es que de las declaraciones de testigos surge la intervención de una inmobiliaria que está siendo investigada judicialmente para determinar si estaba al tanto o no de la maniobra defraudadora.

Fuentes cercanas al dirigente sindical Hugo Cachorro Godoy informaron a este medio que desde Buenos Aires se analiza seriamente intervenir la Asociación Sindical de Trabajadores Estatales.

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