OTRA PELÍCULA DE MIEDO



El secretario general de ATE Río Grande, Marcelo Córdoba confirmó, que tras las elecciones parlamentarias de octubre en caso de acatar el pedido que estaría realizando “desde hace meses” el gobierno nacional, el gobierno fueguino debería avanzar con una reducción de la planta de empleados públicos de 3.500 trabajadores, y de 7.500 en el caso de Santa Cruz.

Córdoba participó el martes de un congreso provincial en Tolhuin con unos 150 trabajadores, donde estuvieron presentes “dirigentes nacionales”, aunque no aclaró quiénes, y dijo que “los trabajadores debemos estar alerta porque el ámbito estatal va a ser uno de los ejes de la política ortodoxa”. Subrayó la preocupación porque no hay lugar donde reinsertarse, dado que “en la actividad privada no vemos ningún repunte. 

Dio cuenta del pedido de reunión con la gobernadora que solicitará el sindicato, “Si las políticas se van a profundizar a partir de las elecciones, nos preocupa que puedan alcanzar al ámbito provincial y estamos buscando algún encuentro con el Ejecutivo, y precisamente con la gobernadora”, indicó el dirigente.

Para Córdoba “no es casual” que se hayan visto publicaciones en medios nacionales con datos del empleo público en las provincias, donde Santa Cruz y Tierra del Fuego son las que más excedidas estarían en proporción con sus habitantes.


“Queremos saber qué piensa el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que muchas veces no dice nada, pero son parte de la política de la provincia y deben interesarse por esta situación”, sentenció.

La realidad:

La realidad de la provincia marca que de forma paulatina el gobierno pretende dar de baja los planes PEL, ya que no tendrian cabida en en marco de las relaciones laborales de la provincia.

Si bien es cierto que de un tiempo a esta parte de a poco se han ido intensificando los controles de ausentismo,  y las auditorias de las licencias de largo tratamiento y licencias por enfermedad. Ello se enmarca en los debidos controles de los empleados publicos en la veracidad de las licencias presentadas. Se olvida Córdoba que muchos de sus afiliados tienen sumarios administrativos por gozar de beneficios que no le correspondian.

La verdad es que el despido de agentes de planta permamente, emana costos y gastos en el desarrollo de los sumarios admnistrativos, derivados de la estabilidad de los empleados públicos e implicaría una importante cantidad de demandas contencioso administrativas que la Provincia no podría afrontar.

 

Lo que Córdoba repite, es una utopía - sin perjucio que a mas de uno le gustaría para achicar el gasto público - el mercado laboral deprimido que tiene la provincia no podria soportar 3500 agentes que se sumen a los guarismos de desempleo. La obra social y el instituto de prevision social no podrian continuar con la disminucion en sus ingresos que ello implicaria.

En definitiva, Córdoba se compró la película de miedo que le quieren vender, mientras tanto el Gobierno disfruta de como repercute esta situación en los trabajadores.



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