CADA VEZ PEOR

Hace un año y tres meses de la sanción del paquete de leyes 1070 y 1071, donde el IPAUSS se dividió entre la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego (CPSTF) y la Obra Social de Tierra del Fuego (OSTDF) y en este tiempo solo ha empeorado situación administrativa de ambos entes públicos.

La desorganización administrativa actual que reina en ambas instituciones, más la falta de profesionales idóneos y la mala relación entre los presidentes Rubén Bantje y Margarita Gallardo; Forma un cocktail que impacta negativamente en todos los afiliados.

Tal es esta situación que se demora un año para la determinación real del haber definitivo de los últimos 120 meses de sueldo. Esto genera un embudo de más de 450 expedientes a la espera de la determinación del haber, mientras tanto los beneficiarios de la jubilación perciben un ingreso mínimo.


Al día de hoy, más de un centenar de juicios perdidos por parte del exIPAUSS, esto en parte, por mala praxis profesional del cuerpo de abogados permanentes que integran el ex Instituto ya que las demandas no son debidamente atendidas, defendidas ni procuradas.


Respecto a la Obra Social, cada vez son más frecuentes las intervenciones judiciales para llevar a cabo derivaciones programadas. También carece de ortopedia mínima necesaria y no da respuesta asistencial a las necesidades de los afiliados, a esto hay que sumarle el limitado stock de medicamentos en farmacias y la burocracia generalizada que genera demoras innecesarias en las compras.

 

Párrafo aparte, en la responsabilidad directa del deterioro de la caja y la obra social provincial que posee el Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego que, con fallos polémicos y adversos al instituto ha beneficiado a colegas y amigos - como en el caso del Dr. Kreser Pereyra que se le otorgó el beneficio jubilatorio con menos de 10 años de aporte a la caja.


Son los Judiciales los que generan el mayor déficit previsional, por los altísimos sueldos que se pagan en la justicia y una gran cantidad de jubilados en su haber. -se necesitan 80 empleados activos del Gobierno para cubrir a un ex juez en pasividad.-

La decisión de solidarizarse con la provincia por parte de los judiciales, fue contratando a OSDE una obra social privada; Mientras que el resto de los empleados públicos deben sufrir en carne propia el desmanejo reinante en la obra social provincial, sin posibilidad cambio.

Estamos lejos de que los cambios efectuados generen beneficios directos en los afiliados, mientras tanto el malestar se generaliza entre todos los empleados públicos de la Provincia.

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