LA INMOBILIARIA DE CORDOBA Y MIGUELON


Escándalo con las viviendas de ATE. Resulta que muchos de los afiliados al gremio estatal no podrán acceder a las viviendas que Nación destinó para ellos porque Carlos Córdoba tiene en venta los departamentos del plan de viviendas en el Río Pipo, a 600 mil pesos cada unidad habitacional, cobrados por Miguel Angel ‘Miguelón’ Arana, a compradores que no son afiliados al gremio; La suma se paga en negro previo al ingreso del legajo al IPV, luego el Instituto de la Vivienda fija un crédito para la compra del mismo en aprox 1,5 millones de pesos.

Estas obras se financian a través de fideicomisos que se integra también con los aportes de los trabajadores que son los verdaderos dueños. Sin embargo, Carlos Córdoba y ‘Miguelón’ las administran como si fuera una inmobiliaria vendiendo las unidades habitacionales de los trabajadores a personas con alto poder adquisitivo.

Es un negocio millonario que le genera a Carlos Córdoba grandes ganancias a su patrimonio personal. 


Cabe destacar que el pasado 13 de diciembre se firmó el convenio específico para la urbanización de las 128 viviendas en Barrancas del Río Pipo que permitirá la colocación de agua, luz y cloacas en las viviendas ATE, en la ciudad de Ushuaia.

Ahora se comprende la alegría de Carlos Córdoba quien manifestó “ahora esperaremos que el Convenio esté en poder del IPV y nos reuniremos con Cárdenas para que nos informe los plazos de obras y podamos informarles a los compañeros cuando definitivamente van a poder disfrutar de su hogar".

El sindicalista de Ushuaia destacó que, "hemos trabajado y gestionado la infraestructura para la instalación de los servicios para estás viviendas para darles a estas familias la dignidad del techo propio lo antes posible".

Es oportuno consignar que las viviendas para trabajadores estatales que se construyen en "Barrancas del Río Pipo", son terrenos que en su momento la Municipalidad de Ushuaia gestionó para ser entregados al gremio estatal y las obras comenzaron a desarrollarse hace tres años aproximadamente.
Cada edificio cuenta con planta baja y tres pisos, y cada piso tiene cuatro departamentos de 60 metros cuadrados con dos dormitorios.

“Esta primera etapa de obras se realiza en terrenos ubicados en las Barrancas del río Pipo, ya que es allí es donde nos dieron los terrenos; y hay otro sueño de 200 viviendas sindicalizadas en las que ya se está trabajando”, dijo Córdoba, a la vez que aclaró que La construcción está toda a cargo del IPV, ellos se hacen responsables de la obra con la empresa, por lo que tenemos que agradecerle al Instituto Provincial de Vivienda por todo el aguante que nos hicieron en nuestra desesperación y ganas de que salgan las cosas, porque a veces uno viene nervioso por el pedido de la gente, y queremos agradecerle también al Gobierno provincial, a la municipalidad, y tratar de que este sueño siga adelante porque no es solo el sueño del Sindicato, sino de todos los trabajadores”, concluyó el Secretario General de ATE.

También, el pasado 13 de febrero el presidente del IPV, Luis ‘Lolo’ Cárdenas, encabezó la apertura de sobres de licitación para la construcción de las 120 viviendas de ATE en Río Grande, y que serán financiadas por el Fideicomiso conformado por Nación, Provincia - a través del Banco de Tierra del Fuego y el IPV- y el propio sindicato.

El presidente del IPV Luis Cárdenas indicó que fueron tres empresas las que se presentaron y señaló que la obra está organizada en tres renglones. “Se van a hacer análisis porque cada empresa se ha presentado por diferentes renglones, así que hay algunas cuestiones técnicas que analizar” explicó.
Además, a partir de la evaluación de la comisión técnica, determinarán las mejores ofertas y cuál será la empresa ganadora.

“Estamos hablando de aproximadamente $120 millones; recordemos que es una obra por fideicomiso, no solamente la obra en sí misma, sino todo lo que tiene que ver en infraestructura por lo cual nos aproximamos a los $320 millones que se financian a través de este fideicomiso” sostuvo Cárdenas.

El gremio de ATE participa como aportante de la tierra debido a que la misma no es de dominio público; en tanto que Nación financia la obra y la Provincia, a través del IPV, la construye.

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