EL NEGOCIO APEL - BANCO DEL SOL



Ya hemos tocado el negocio de los popes de ATE Ushuaia que utilizan las viviendas destinadas a sus afiliados para venderlas a terceros como si fuera una inmobiliaria, teniendo en el proceso suculentas ganancias.

Pero hay otras modalidades de tener ganancias a expensas de los trabajadores estatales y este, es el caso de APEL, el gremio de los empleados legislativos fueguinos.

La Asociación del Personal de Empleados Legislativos de Tierra del Fuego, a través de su entonces secretario general, Santos Fagúndez, hizo un convenio con la financiera Banco del Sol –la misma de los dólares truchos- mediante el cual los empleados de la cámara podían acceder a préstamos que terminaron siendo usureros. Luego Raúl Salinas continuó con el curro y fortaleció los vínculos con el banco.

La modalidad es utilizar el código de Descuentos de Haberes para entregar préstamos usureros al 11% mensual, cobrando APEL el 6% del monto total, sobre todos los créditos que otorga el Banco del SOL a Empleados Públicos; El 50% queda en APEL y el otro 50% se lo lleva Salinas en negro.


No es la primera vez que APEL está relacionada a hechos de corrupción. En agosto del 2006, el juez Javier de Gamas Soler procesó a empleados legislativos agremiados en APEL que fueron denunciados por el periodista Luis Benito Zamora en 1999 por haber falsificado recibos de sueldo para solicitar créditos en distintas entidades bancarias y crediticias de esta capital.

Según la resolución del magistrado, durante el transcurso de 1999 la fiscalía formuló un requerimiento de investigación a partir de la denuncia que efectuara el periodista Luis Benito Zamora, quien falleciera ese mismo año. En el ministerio público fiscal algunos empleados legislativos presentaron certificaciones apócrifas de su calidad laborativa en la Legislatura y de sus ingresos en entidades bancarias.

El requerimiento indicaba además, que en 1997 empleados relacionados al área de personal del Parlamento y dirigentes del gremio APEL falsificaron documentación inherente a un préstamo gestionado a nombre de un agente legislativo que no lo había solicitado.

Zamora había manifestado en la fiscalía que tomó conocimiento por su actividad periodística de que algunas entidades bancarias y crediticias habían otorgado créditos a diversas personas que en dos de los casos no pertenecían al plantel de la Legislatura provincial, y pese a ello se las había hecho pasar como tales tras presentar certificaciones laborales apócrifas. Zamora dijo que algunos dirigentes del gremio APEL realizaron maniobras mediante las cuales se gestionaron créditos, incluso a nombre de empleados que no lo habían solicitado.

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